Se ha advertido hasta el cansancio que la justicia en Quintana Roo se encuentra “partidizada y politizada” y que “para el Gobierno es más importante el gasto electoral que invertir en la seguridad y justicia de todos los Quintanarroenses”.
Se condena que en una época como esta, la justicia del estado “no libera, sino que encarcela por capricho” “esta justicia hace perder a las familias y a la ciudadanía en general. Quintana Roo tiene una justicia violada por la política partidista.
La justicia no está abocada a resolver los problemas de seguridad sino a cumplir caprichitos de la incipiente clase política.
Debe apostarse por el diálogo 'todos somos responsables de la imagen politizada de la Justicia'
El procurador debe comparecer a la Comisión de Justicia del Congreso apostando por "el diálogo como única herramienta" para que, "desde el respeto, nos lleve a entendernos, aun en el desacuerdo", con la intención de "afrontar reformas con el aconsejable sosiego, con la finalidad de que lo que se apruebe en materia de Justicia sea asumido como patrimonio de todos".
Se pretende que "los tribunales recuperen el sosiego necesario para cumplir estrictamente con su función, sin agobios e interferencias del resto de poderes, políticos, mediáticos, económicos y sociales en general".
Convertir a la procuraduria en "una garantía de la independencia del Poder Judicial, al servicio de la imparcialidad de los jueces; para conseguir la mayor eficacia en su trabajo; respeto a la autonomía del Ministerio publico y, con ello, de la prevalencia del derecho en la resolución de los conflictos y hechos delictivos, sobre todo en la persecución y castigo del delito, y en el cumplimiento de la ley.
"Todos somos responsables de la imagen politizada que los ciudadanos tienen de la Justicia. Todos somos responsables, si permitimos que esa imagen se traduzca en dudas sobre las resoluciones que dicten los tribunales en aplicación de la ley, en desconfianza de los ciudadanos hacia unos tribunales y jueces deslegitimados. Es necesario que nuestros jueces trabajen con sosiego en la máxima garantía de su independencia."
En este sentido, el tribunal superior de justicia debe estar en defensa de la independencia judicial, y que se ha comprometido con sus miembros a contribuir en la medida de sus "limitadas posibilidades" a su renovación y a mantener una estrecha colaboración con la procuraduría para que continúe la línea de trabajo y entendimiento desarrollada a lo largo de la legislatura en medidas normativas y en el Observatorio contra la impunidad y tráfico de influencias.
Esto debe convertir la Justicia en un instrumento útil en la lucha contra la inseguridad ciudadana, con pleno respeto de las garantías constitucionales, también es imprescindible abrir un profundo debate, con vistas a alcanzar en la próxima legislatura un amplio debate, con el modelo del proceso penal", antes de remitirse a la reforma de la constitución del estado debe observarse las exigencias de autonomía y mejora de capacidad funcional de la procuración de justicia.
"Está claro que de la política criminal responde el Gobierno, según la Constitución. Es por ello legítimo que pueda interesar de la procuraduría la adopción de directrices para llevar a cabo una u otra política criminal, pero debe hacerlo desde el escrupuloso respeto a que los ministerios públicos sólo deban obediencia a la Ley y no deben ser copados por el tráfico de influencias; y en tal medida, sean inmunes a los requerimientos específicos de éste o cualquier Gobierno.
La politización del poder judicial es en Quintana Roo, un fenómeno de dimensiones esencialmente limitadas, lo cierto es que, por influencia de ese fenómeno, la idea de que el poder judicial –todo el poder judicial– está politizado en mayor o menor grado ha acabado por asentarse en la opinión pública con la fuerza devastadora de un prejuicio popular. Todos sabemos que destruirlo constituye una necesidad inaplazable para devolver la confianza popular en la justicia. Pero todos sabemos, igualmente, que exigirá no sólo mejorar el funcionamiento de nuestra administración de justicia, dotándola de medios materiales y humanos que hoy no tiene, sino también, y de modo primordial, desapoderar a los partidos del espacio que han ocupado en una esfera donde su presencia resulta disfuncional hasta el extremo. Esa es la razón por la que debemos ser conscientes de la difícil tarea que se tiene por delante. Pues si algo enseña la historia de la democracia de partidos es que una vez que aquellos han logrado hacerse con una posición es extremadamente difícil conseguir que la
abandonen.
Se condena que en una época como esta, la justicia del estado “no libera, sino que encarcela por capricho” “esta justicia hace perder a las familias y a la ciudadanía en general. Quintana Roo tiene una justicia violada por la política partidista.
La justicia no está abocada a resolver los problemas de seguridad sino a cumplir caprichitos de la incipiente clase política.
Debe apostarse por el diálogo 'todos somos responsables de la imagen politizada de la Justicia'
El procurador debe comparecer a la Comisión de Justicia del Congreso apostando por "el diálogo como única herramienta" para que, "desde el respeto, nos lleve a entendernos, aun en el desacuerdo", con la intención de "afrontar reformas con el aconsejable sosiego, con la finalidad de que lo que se apruebe en materia de Justicia sea asumido como patrimonio de todos".
Se pretende que "los tribunales recuperen el sosiego necesario para cumplir estrictamente con su función, sin agobios e interferencias del resto de poderes, políticos, mediáticos, económicos y sociales en general".
Convertir a la procuraduria en "una garantía de la independencia del Poder Judicial, al servicio de la imparcialidad de los jueces; para conseguir la mayor eficacia en su trabajo; respeto a la autonomía del Ministerio publico y, con ello, de la prevalencia del derecho en la resolución de los conflictos y hechos delictivos, sobre todo en la persecución y castigo del delito, y en el cumplimiento de la ley.
"Todos somos responsables de la imagen politizada que los ciudadanos tienen de la Justicia. Todos somos responsables, si permitimos que esa imagen se traduzca en dudas sobre las resoluciones que dicten los tribunales en aplicación de la ley, en desconfianza de los ciudadanos hacia unos tribunales y jueces deslegitimados. Es necesario que nuestros jueces trabajen con sosiego en la máxima garantía de su independencia."
En este sentido, el tribunal superior de justicia debe estar en defensa de la independencia judicial, y que se ha comprometido con sus miembros a contribuir en la medida de sus "limitadas posibilidades" a su renovación y a mantener una estrecha colaboración con la procuraduría para que continúe la línea de trabajo y entendimiento desarrollada a lo largo de la legislatura en medidas normativas y en el Observatorio contra la impunidad y tráfico de influencias.
Esto debe convertir la Justicia en un instrumento útil en la lucha contra la inseguridad ciudadana, con pleno respeto de las garantías constitucionales, también es imprescindible abrir un profundo debate, con vistas a alcanzar en la próxima legislatura un amplio debate, con el modelo del proceso penal", antes de remitirse a la reforma de la constitución del estado debe observarse las exigencias de autonomía y mejora de capacidad funcional de la procuración de justicia.
"Está claro que de la política criminal responde el Gobierno, según la Constitución. Es por ello legítimo que pueda interesar de la procuraduría la adopción de directrices para llevar a cabo una u otra política criminal, pero debe hacerlo desde el escrupuloso respeto a que los ministerios públicos sólo deban obediencia a la Ley y no deben ser copados por el tráfico de influencias; y en tal medida, sean inmunes a los requerimientos específicos de éste o cualquier Gobierno.
La politización del poder judicial es en Quintana Roo, un fenómeno de dimensiones esencialmente limitadas, lo cierto es que, por influencia de ese fenómeno, la idea de que el poder judicial –todo el poder judicial– está politizado en mayor o menor grado ha acabado por asentarse en la opinión pública con la fuerza devastadora de un prejuicio popular. Todos sabemos que destruirlo constituye una necesidad inaplazable para devolver la confianza popular en la justicia. Pero todos sabemos, igualmente, que exigirá no sólo mejorar el funcionamiento de nuestra administración de justicia, dotándola de medios materiales y humanos que hoy no tiene, sino también, y de modo primordial, desapoderar a los partidos del espacio que han ocupado en una esfera donde su presencia resulta disfuncional hasta el extremo. Esa es la razón por la que debemos ser conscientes de la difícil tarea que se tiene por delante. Pues si algo enseña la historia de la democracia de partidos es que una vez que aquellos han logrado hacerse con una posición es extremadamente difícil conseguir que la
abandonen.
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