El Instituto Federal Electoral cumplió sus veinte años sumido en una crisis acumulada de credibilidad, y se enfila hacia la renovación de tres consejeros no ciudadanos, sino como representantes de los partidos políticos. El IFE se reconfirmará como el eje de la partidocracia y no como garante de la democracia.
En medio de la crisis provocada por el polémico saldo electoral de las elecciones de 1988 que operó Manuel Bartlett Díaz como cancerbero y verdugo del tricolor, la decisión de fundar el IFE se sustentó en la aplicación de un modelo político de relevo del agotado sistema presidencialista: el sistema de partidos. Pero en lugar de ser el pivote de este nuevo modelo de gobierno, el IFE quedó atrapado por las redes de poder de los partidos políticos, algo que le daría un poco de credibilidad serian las candidaturas ciudadanas punto que ni siquiera se ha debatido.
Los artículos 41 constitucional y 218 del Código Federal Electoral otorgan únicamente a los partidos políticos el derecho y la facultad de solicitar el registro de candidatos de elección popular. Esta violación a las garantías individuales, de hecho, tiene la propiedad de coartar los derechos ciudadanos de las personas, permite monopolizar por parte de los partidos políticos un derecho ciudadano y la actividad política nacional y, por encima de todo, empobrece de manera dramática la vida política y social de este país. A raíz de mantener vigentes estos artículos son como han proliferado las camarillas de políticos profesionales que no sólo son totalmente refractarios a cualquier cambio o renovación, sino que además se han adueñado de la vida política de este país. El principal y más dramático efecto de todo esto es que se ha empobrecido la vida política nacional y se ha mantenido por largos años un conjunto de personajes incapaces y rapaces, cuya única convicción política es la de mantenerse en el poder, cualquiera que sea el costo. Por eso vemos a diputados que luego pasan a ser senadores, y luego, si pueden, a gobernadores, o viceversa. Una vez terminado ese ciclo, buscan otra alternativa en secretarías de Estado, en embajadas o donde se puedan acomodar. El punto es que pasan los años y seguimos con las mismas personas, no importa cuán ineptas hayan mostrado ser.
Los próximos tres nuevos consejeros electorales, que supuestamente representarían con su apartidismo a la sociedad en su totalidad, van a llegar como cuota de poder de los tres principales partidos: PRI, PAN y PRD. Así, el IFE profundizará su condición de rehén de la partidocracia.
El modelo de sistema de partidos fue decidido por Carlos Salinas en 1990 para enfrentar el desmoronamiento de la credibilidad electoral que provocó el saldo electoral presidencial de 1988 y para salvar el dominio del tricolor. La decisión buscó disminuir el control del gobierno federal sobre las elecciones, cerrar las puertas de la Comisión Federal Electoral de Gobernación, crear un organismo autónomo y dotarlo de consejeros primero ciudadanos y luego electorales sin militancia y representación partidista. Con ello, el juego político se trasladó a los partidos. La clave de Salinas radicó en la presencia dominante del tricolor en los nuevos organismos.
El sistema de partidos, basado en los razonamientos operaba como el centro de las decisiones. Salinas nunca pensó en un sistema parlamentario ni mixto. Por la forma de construir el modelo, con el tricolor y su cláusula de gobernabilidad, el partido tricolor podría mantener su hegemonía. En este contexto se localiza, por cierto, buena parte del basamento teórico de Manuel Camacho Solís y su esquema de alianzas PAN-PRD. Camacho participó en las discusiones salinistas del modelo político que debía de sustituir al deteriorado presidencialismo autoritario. Las alianzas replantearían el sistema de partidos para conducir al país a un bipartidismo PRI-PAN/PRD.
Lo malo del sistema de partidos es que tenía condiciones casi indispensables: la capacidad de negociación en espacios políticos y de poder, su representatividad en el parlamento asumida bajo la doctrina de la alternancia sin hegemonías y sobre todo la ausencia de polarización política e ideológica para garantizar la gobernabilidad, es decir, el equilibrio funcional entre demandas y ofertas políticas.
El IFE fue creado para darle esencia al modelo de sistema de partidos. Sin embargo, su instrumentación cometió cuando menos tres errores: hacer depender del Congreso y sus representaciones partidistas la designación de los consejeros, incluir en su seno a representantes de partidos como cuñas que han impedido el funcionamiento y crear institutos electorales estatales con los mismos vicios al reproducir a nivel local el intervencionismo de ejecutivos estatales y congresos. Ello ha llevado a que la actual composición del IFE esté dominada por la mediocridad, la falta de autoridad y la espada de Damocles de los partidos. En lugar de que el IFE controle a los partidos, éstos avasallan al instituto.
En este contexto, el IFE es otra prueba de que el régimen político mexicano ya no da de sí y que se requieren superar las limitaciones del sistema de partidos.
El IFE debería reducirse a su expresión de organizador de elecciones, con una estructura sin representantes de partidos ni de poderes. En otros países las oficinas que organizan elecciones tiene funcionarios sin espacios mediáticos.
Pero el IFE se ha convertido ya en una instancia de poder. Y como instancia de poder, el IFE se ha atrincherado en su muralla política y va a caer en el error tradicional de organismos similares: el resane de sus estructuras cuarteadas, cuando el país necesita de un nuevo modelo de organización de elecciones lejos de los partidos. Los próximos tres consejeros electorales llegarán como representantes de los partidos dominantes en el Congreso y van a profundizar la crisis de credibilidad del organismo.
La celebración del IFE fue políticamente deprimente: exaltar la existencia de un organismo cuya ineficacia representa, reproduce la crisis de la gobernabilidad política del país, aunque sin perder el buen humor de los autoelogios.
