La realidad del Poder Judicial en el estado

Si bien la corrupción ha sido un fenómeno tradicionalmente presente en nuestra sociedad y en particular en nuestro sistema de justicia, como lo demuestran las denuncias públicas hechas, hoy en día es posible afirmar que la corrupción constituye una auténtica amenaza para la convivencia y el orden democrático.

La corrupción responde a una lógica perversa, radicalmente opuesta a los principios y valores en que se fundamentan los estados democráticos de derecho. Además, la debilidad institucional, que suele caracterizar a las democracias en proceso de consolidación, contribuye al sostenimiento de un sistema paralelo de corrupción, que deteriora los patrones de confianza, convivencia y gobernabilidad necesarios para su existencia.

La corrupción tiende a ser tanto injusta como ineficiente y puede socavar las opciones democráticas. La investigación empírica sugiere la existencia de una correlación negativa entre el desarrollo y los altos niveles de corrupción, cuando se tiene en consideración otros factores. Los casos estudiados, indican que los pagos ilegales pueden desincentivar la inversión privada e incrementar sustancialmente los costos y disminuir la calidad de las obras públicas.

En este esquema, los Poderes Judiciales suelen ser llamados a actuar como instituciones claves para el control de la corrupción, convirtiéndose en pilares fundamentales del orden democrático. Sin embargo, cuando la corrupción adquiere dimensiones sistémicas, y globales, poco o nada pueden hacer instituciones judiciales que se caracterizan por su debilidad, ineficiencia y falta de independencia. Por ello, una lucha adecuada contra la corrupción requiere transformar la situación de los sistemas de justicia, a fin de hacerlos más sólidos, transparentes e independientes, y puedan cumplir a cabalidad su rol de control y promoción de un adecuado funcionamiento del Estado.

Este está dirigido a analizar los datos e investigaciones realizadas en el estado de Quintana Roo sobre la presencia de la corrupción en el servicio de justicia, haciendo hincapié en dos de las instituciones básicas del mismo: el Poder Judicial y el Ministerio Público. Lamentablemente, la información disponible sobre este tema no es nada buena, este período de corrupción afecta fuertemente el desempeño de la administración de justicia, por lo que es necesario un mayor esfuerzo por parte del Estado y de la sociedad civil para conocer y superar las condiciones que llevaron a esta situación.

El Poder Judicial en el estado se ha visto afectado, históricamente, por problemas de corrupción, que se han expresado desde simples actos de influencia, por parte de personas dotadas de poder público o de poder de hecho, hasta la absoluta abdicación de sus funciones, y la formación de redes ilícitas a su interior. Ello hace que su tratamiento sea complejo, por lo que su solución exige una voluntad política integral del Estado y de la sociedad para enfrentarlo.

Sin embargo, son escasos los estudios que existen sobre este fenómeno en el estado, y se enfocan sobre todo en recoger la opinión y percepción que tiene la población sobre los alcances de la corrupción al interior del aparato judicial, lo que suele ser entendido como un indicador importante de su realidad.

Los sondeos de opinión pública que se realizan en el estado, en donde recurrentemente se afirma el carácter poco confiable del Poder Judicial y los niveles de corrupción que la gente aprecia en su interior. Este es el caso del estudio de opinión que revela que el 73% de la gente considera que el Poder Judicial es la institución pública más corrupta.

Si se señala que la corrupción es el principal problema del Poder Judicial, seguido en menor nivel por la interferencia política (12%) y el bajo presupuesto (9%), la tolerancia a la corrupción es un fenómeno que debe causar mayor preocupación.

De acuerdo con una serie de pláticas efectuadas a destacados juristas sobre las modalidades en las que se expresaba la corrupción en el Poder Judicial, las más comunes son tres: la corrupción por motivos políticos, la generada entre los miembros del Poder Judicial y los sobornos. La primera se expresaba en el sistema de ascensos y nombramientos de los jueces y constituye el principal instrumento de presión del Ejecutivo y del Congreso del estado sobre el Poder Judicial. La segunda modalidad se expresa a través de la presión de unos jueces sobre otros para modificar sus sentencias aduciendo razones procesales, lo que significa que jueces honrados, pero faltos de carácter, modificaran sus fallos. Se trata de problemas individuales antes que institucionales. Respecto de los sobornos, en algunos casos estos buscan acelerar trámites, en otros modificar los resultados de las sentencias. En el primer caso supuestamente se configuran por los escasos ingresos de los auxiliares de justicia.

Existe el consenso de que el origen de la corrupción se encuentra en toda la sociedad y no sólo en el Poder Judicial. Sin embargo, los litigantes serían los que más auspiciaban la corrupción en el Poder Judicial, así como las mafias compuestas por abogados y jueces.

Se afirma que varios despachos de abogados pagan sobornos sistemáticamente. Los abogados de mayores ingresos son los que pagan más sobornos. Ello fue negado por quienes afirmaron que se trataba de un fenómeno extendido. Otro mecanismo de corrupción es que los auxiliares de justicia, en tanto preparaban confidencialmente el borrador o el proyecto de la sentencia, aprovechándose del litigante le cobran por orientar el fallo a su favor.

La frecuencia de la corrupción, sin embargo, es visualizada de manera distinta por estos actores: mientras el 46.4% de abogados y el 52.1% de usuarios considera que son frecuentes, el 73% de jueces y el 55.3% de auxiliares considera que son poco frecuentes. Esto puede ser contrastado cuando vemos que solamente el 30.36% de usuarios y el 38.2% de abogados indican conocer actos de corrupción de manera directa, lo que llevaría a pensar que existe una percepción exagerada sobre este fenómeno entre dicho grupo alimentada en parte por los medios de comunicación, los que sirven de mecanismos para conocer de hechos de corrupción para el 21% de estos.

Con respecto a las principales conductas vinculadas con la corrupción, se señalan las siguientes: el tráfico de influencias (45.5%), la demora en el trámite de expedientes (37.7%); el cobro de dinero o la aceptación de regalos (37%); que todo se tenga que notificar (16.7%) y, por último, la mala atención al Público (15.8%). Para los abogados, el tráfico de influencias constituye también el principal hecho de corrupción (69.3%), seguido del cobro de dinero o recibo de regalos (52.4%), la demora en el trámite del expediente (39.3%), la mala atención al público (18.7%); y que el magistrado reciba en su despacho a alguna de las partes (10.5%).

Con respecto a quienes promueven la corrupción al interior del Poder Judicial, los auxiliares jurisdiccionales señalan a las partes como las principales responsables de la corrupción (33%), seguidos de los abogados (28.9%), de otras personas ajenas al Juzgado (26.4%), de los jueces (19.3%) y de otros auxiliares (10.7%). A su vez, los jueces indicaron que la corrupción judicial proviene en primer lugar de los abogados (40.5%), seguido de los auxiliares jurisdiccionales (24.3%) y de otros magistrados (16.2%).

Estas respuestas expresan claramente que la corrupción no es un fenómeno unilateral, sino que es promovida y alimentada por los diferentes actores del sistema, lo cual es percibido de manera similar por todos. Ello se fortalece en su dimensión práctica cuando vemos que el 26.9% de usuarios, el 28.1% abogados y el 7.1% magistrados mencionaron haber tenido la necesidad de intervenir o participar en un acto de corrupción durante un juicio.

En resumen, la corrupción es percibida mayoritaria y tradicionalmente como un grave problema de la administración de justicia en el estado. Sin embargo, más allá de esta visión común y de alguna medida uniforme que podemos encontrar sobre el fenómeno a lo largo del tiempo, lo cierto es que las prácticas y modalidades de corrupción en el aparato judicial del estado han ido variando en los últimos años, hasta llegar hoy en día a su clímax para alcanzar una dimensión sistémica.