La aplicación de los operativos de revisión que se aplican a conductores en general, ha causado todo tipo de quejas en Cancún, Su carácter es inconstitucional, además de ser promotora del abuso y corrupción por parte de los elementos de tránsito de Cancún, estos son algunos de los factores por los que la sociedad civil exige el fin de los operativos anti alcohol.
Denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ante el Ministerio Público, además de fiscalías especializadas en delitos del fuero común, por parte de servidores públicos son ejemplo fehaciente de la acumulación de irregularidades que el municipio de Cancún mantiene con respecto a los retenes.
Si bien durante casi dos años se han realizado estos operativos en las avenidas cancunenses más importantes, el descontento ciudadano con las autoridades que lo aplican ha sido una verdad sometida al silencio y la resignación de centenares de automovilistas que han padecido malos tratos y chantajes por parte de los uniformados.
Sin embargo, el descontento público ya adquirió nuevos matices al verse reflejado ahora sí con pruebas fehacientes dentro del ámbito jurídico con sendas denuncias interpuestas no solo contra el alcalde de Cancún, sino contra fiscales y funcionarios relacionados con la revisión que hoy en día se sostiene contra los retenes.
LA ILEGALIDAD EN SU ESPLENDOR
Integrantes de la asociación de abogados encabezan denuncias a favor del reconocimiento de la ilegalidad de los operativos anti alcohol.
El primer fruto de dichos esfuerzos es la obtención de una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hacia el municipio de Benito Juárez la cual debe advertir la inconstitucionalidad de los operativos, al tratarse de actos en los que se suscitan violaciones recurrentes a las garantías individuales.
"Al momento que el oficial pide que le sople es una violación a los derechos humanos, pues al negarse lo retienen, privándolos de la libertad, lo cual es otro delito, el negarse a la recomendación de la CEDH se estaría violentando la ley, que dicta que debe tomar en cuenta los derechos humanos, todo eso lo sabe el alcalde y el cabildo, e incluso si llegara a quitar hoy mismo los operativos, el caso continúa, pues los ciudadanos se ven afectados por los operativos antialcohólicos".
En el transcurso de la espera a que esta recomendación se acate, se debe acudir al Ministerio Público, en específico a la fiscalía especializada para interponer la denuncia por violación a los derechos humanos para el otorgamiento de responsabilidades legales contra los responsables.
OBSTÁCULOS
En ese contexto se debe denunciar al contarse con pruebas fehacientes de violaciones por parte de la administración municipal.
La CEDH debe enviar su recomendación al municipio de Benito Juárez, otras irregularidades han saltado a la luz respecto a quienes al interior de la institución abogan por los operativos anti alcohol. Tal es el caso de algunos de los regidores, quienes avalando públicamente la inconstitucionalidad de los retenes, realizan un acto doloso en menoscabo de la ciudadanía. Integrantes del cabildo están enterados del llamado de la CEDH y la ilegalidad del operativo, y al mismo tiempo lo justifican en base a criterios mediáticos, como el de tener la necesidad de tener ingresos extraordinarios, como multas y sanciones.
Luego de ser cuestionados sobre la exigencia hecha por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) al municipio, de retirar los operativos, la administración pública incurre en irresponsabilidad al declarar que aceptan la ilegalidad de un acto jurídico y aún así continúan avalándolo, lo cual en sí es un delito.
Sí, saben que es inconstitucional, declaran funcionarios el problema es que si nosotros hiciéramos por evitar estos retenes alcohólicos, no habría ingresos extraordinarios.
Si atendemos a criterios estrictamente de derecho, el hecho de que una persona manifieste tener conocimiento de un delito o de que está cometiendo uno, en este caso administrativo y llevarlo a cabo, habla de una conducta dolosa.
No hay justificante para ello, manifiestan expresamente y en forma pública tener conocimiento de que es inconstitucional y no se puede hacer otra cosa".
El simple hecho de mantener la ilegalidad a costa de obtener ingresos extraordinarios implica una sanción, en este caso tiene prioridad la cancelación exigida por la CEDH, de estos operativos.
CARENCIAS OPERATIVAS
Un elemento más de juicio contrario a los operativos es las carencias especiales de los operativos, las cuales también violan las garantías individuales.
En la exposición de motivos se considera ilegal la petición que las autoridades hacen al ciudadano de firmar documentos cuando el inculpado se encuentra en presunto estado de ebriedad, pues desde el punto de vista estrictamente jurídico no tienen validez
“Al estar haciendo esos operativos, a la gente que se le retira de manera preventiva para que no vayan a tener alguna contingencia vial, por el estado de ebriedad en la que están, el municipio no cumple con su obligación de otorgar facilidades al mismo para que alguien acuda a recogerlos y llevarlos hasta su hogar”.
Aunque los entrevistados han afirmado que la ciudadanía ha avalado moralmente los retenes por tratarse de actos “bien intencionados”, lo cierto es que el carácter inconstitucional de los mismos trasciende el espíritu del momento al grado de confrontar la aplicación de la ley con el respeto a los derechos humanos, tal y como estas denuncias lo reflejan.
Denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ante el Ministerio Público, además de fiscalías especializadas en delitos del fuero común, por parte de servidores públicos son ejemplo fehaciente de la acumulación de irregularidades que el municipio de Cancún mantiene con respecto a los retenes.
Si bien durante casi dos años se han realizado estos operativos en las avenidas cancunenses más importantes, el descontento ciudadano con las autoridades que lo aplican ha sido una verdad sometida al silencio y la resignación de centenares de automovilistas que han padecido malos tratos y chantajes por parte de los uniformados.
Sin embargo, el descontento público ya adquirió nuevos matices al verse reflejado ahora sí con pruebas fehacientes dentro del ámbito jurídico con sendas denuncias interpuestas no solo contra el alcalde de Cancún, sino contra fiscales y funcionarios relacionados con la revisión que hoy en día se sostiene contra los retenes.
LA ILEGALIDAD EN SU ESPLENDOR
Integrantes de la asociación de abogados encabezan denuncias a favor del reconocimiento de la ilegalidad de los operativos anti alcohol.
El primer fruto de dichos esfuerzos es la obtención de una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hacia el municipio de Benito Juárez la cual debe advertir la inconstitucionalidad de los operativos, al tratarse de actos en los que se suscitan violaciones recurrentes a las garantías individuales.
"Al momento que el oficial pide que le sople es una violación a los derechos humanos, pues al negarse lo retienen, privándolos de la libertad, lo cual es otro delito, el negarse a la recomendación de la CEDH se estaría violentando la ley, que dicta que debe tomar en cuenta los derechos humanos, todo eso lo sabe el alcalde y el cabildo, e incluso si llegara a quitar hoy mismo los operativos, el caso continúa, pues los ciudadanos se ven afectados por los operativos antialcohólicos".
En el transcurso de la espera a que esta recomendación se acate, se debe acudir al Ministerio Público, en específico a la fiscalía especializada para interponer la denuncia por violación a los derechos humanos para el otorgamiento de responsabilidades legales contra los responsables.
OBSTÁCULOS
En ese contexto se debe denunciar al contarse con pruebas fehacientes de violaciones por parte de la administración municipal.
La CEDH debe enviar su recomendación al municipio de Benito Juárez, otras irregularidades han saltado a la luz respecto a quienes al interior de la institución abogan por los operativos anti alcohol. Tal es el caso de algunos de los regidores, quienes avalando públicamente la inconstitucionalidad de los retenes, realizan un acto doloso en menoscabo de la ciudadanía. Integrantes del cabildo están enterados del llamado de la CEDH y la ilegalidad del operativo, y al mismo tiempo lo justifican en base a criterios mediáticos, como el de tener la necesidad de tener ingresos extraordinarios, como multas y sanciones.
Luego de ser cuestionados sobre la exigencia hecha por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) al municipio, de retirar los operativos, la administración pública incurre en irresponsabilidad al declarar que aceptan la ilegalidad de un acto jurídico y aún así continúan avalándolo, lo cual en sí es un delito.
Sí, saben que es inconstitucional, declaran funcionarios el problema es que si nosotros hiciéramos por evitar estos retenes alcohólicos, no habría ingresos extraordinarios.
Si atendemos a criterios estrictamente de derecho, el hecho de que una persona manifieste tener conocimiento de un delito o de que está cometiendo uno, en este caso administrativo y llevarlo a cabo, habla de una conducta dolosa.
No hay justificante para ello, manifiestan expresamente y en forma pública tener conocimiento de que es inconstitucional y no se puede hacer otra cosa".
El simple hecho de mantener la ilegalidad a costa de obtener ingresos extraordinarios implica una sanción, en este caso tiene prioridad la cancelación exigida por la CEDH, de estos operativos.
CARENCIAS OPERATIVAS
Un elemento más de juicio contrario a los operativos es las carencias especiales de los operativos, las cuales también violan las garantías individuales.
En la exposición de motivos se considera ilegal la petición que las autoridades hacen al ciudadano de firmar documentos cuando el inculpado se encuentra en presunto estado de ebriedad, pues desde el punto de vista estrictamente jurídico no tienen validez
“Al estar haciendo esos operativos, a la gente que se le retira de manera preventiva para que no vayan a tener alguna contingencia vial, por el estado de ebriedad en la que están, el municipio no cumple con su obligación de otorgar facilidades al mismo para que alguien acuda a recogerlos y llevarlos hasta su hogar”.
Aunque los entrevistados han afirmado que la ciudadanía ha avalado moralmente los retenes por tratarse de actos “bien intencionados”, lo cierto es que el carácter inconstitucional de los mismos trasciende el espíritu del momento al grado de confrontar la aplicación de la ley con el respeto a los derechos humanos, tal y como estas denuncias lo reflejan.
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