En la propuesta de paquete económico 2010 no se corrigen a fondo los montos que el gobierno federal deja de recaudar por concepto de tasas diferenciadas de impuestos, exenciones, subsidios, créditos fiscales, condonaciones, facilidades, estímulos, deducciones y regímenes especiales, que en 2009 causaron que se dejaran de recaudar casi 500 mil millones de pesos.
La propuesta del Ejecutivo busca corregir parte de ese esquema, a partir del año que viene, mediante el ajuste a la tarifa del impuesto sobre la renta aplicable a las personas físicas y a la tasa aplicable a las empresas, ambas a 30 por ciento.
También se proponen cambios del régimen de consolidación fiscal para que las empresas paguen los saldos de impuestos que no han entregado y que tengan antigüedad mayor a cinco años esta medida va dirigida a unas 500 grandes empresas.
Impuesto sobre la renta
Sobre el ISR se propone ajustar el régimen de consolidación para hacer exigibles los saldos con antigüedad mayor a 5 años del ISR diferido, por los grupos sujetos a la consolidación fiscal, y se propone elevar de forma temporal la tasa marginal máxima para personas morales y personas físicas de mayores ingresos en 2 puntos porcentuales, con lo que pasaría de 28 a 30%.
Posteriormente se procederá en 2013 y 2014 a su reducción gradual un punto cada año para volver a su tasa actual de 28%.
Se plantea un incremento de un punto porcentual a la tasa del IDE y disminuir el lumbral de los depósitos en efectivo exentos de 25 mil a 15 mil pesos mensuales.
En el caso del IETU se propone eliminar la posibilidad de aplicar el crédito por exceso de deducciones sobre ingresos contra el ISR.
Combate a la pobreza con más pobreza
Se plantea crear un gravamen de contribución para el combate a la pobreza, con un nuevo impuesto que gravará sobre una base de efectivo con una tasa de 2% a los ingresos derivados de la realización de ventas, aplicándose en todas las etapas de la producción de manera no acumulativa, permitiendo su acreditación y evitando la tributación múltiple.
Se busca que este impuesto no se concentre en sectores específicos sino que se distribuya de manera amplia pero proporcional para que quien más consuma más pagará.
Y esto no remonta a recordar la gran similitud de este impuesto con el de la tenencia que fue creado solo para generar infraestructura en las olimpiadas y finalmente se quedo como un impuesto importante en las economías de los estados.
Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Automóviles de 1962
Existe la creencia generalizada que la famosa ‘tenencia’ es un impuesto que fue creado originalmente por decreto emitido por el entonces Presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz con carácter de ‘emergente y temporal’ con el fin de solventar los gastos que se originaron en México al haber sido designada la ciudad de México como la sede de los Juegos Olímpicos en 1968.
En descargo del Lic. Díaz Ordaz y en honor a la verdad, hay que decir que la medida no fue emergente ni temporal ya que quien estableció realmente este cobro fue su antecesor, el Presidente Adolfo López Mateos debido a que en el artículo 13 de la Ley de Ingresos de la Federación para el año de 1962 incluyó el cobro de este impuesto, argumentando que dada la cercanía de los juegos olímpicos “se hacía necesario generar los espacios adecuados para la recepción, preparación y desempeño de los atletas que participarían en las distintas disciplinas deportivas”. A finales de ese mismo año, el propio Lic. López Mateos presentó la Iniciativa de Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Automóviles, considerando en su exposición de motivos “que la experiencia del año había demostrado la conveniencia de conservar ese impuesto, que al estar ya incluido en la Ley de Ingresos, no se trataba de establecer un nuevo gravamen tributario, sino solamente de regular con la debida amplitud las bases indispensables para su cobro”. Sobre esa base la Comisión de Impuestos de la Cámara de Diputados y las Comisiones Unidas de Impuestos y Hacienda de la Cámara de Senadores dictaminaron favorablemente, sin mediar debate, por lo que el Congreso de la Unión decretó la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Automóviles, que entró en vigor a partir del primero de Enero de 1963.
Las Olimpiadas terminaron, más no así el impuesto que se originó con ese motivo. Dado que en México tenemos la famosa costumbre de convertir lo temporal en permanente, el cobro continuó y lo único que sucedió es que posteriormente, en la época del Presidente López Portillo se emitió la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos que abrogó a la ley anterior, con el objeto de actualizar la regulación en el cobro de este impuesto, el cual es participable para los estados y municipios en los términos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. El tiempo tan largo que ha transcurrido en el cobro de este impuesto (47 años) ha provocado dos problemas. Por un lado, el que las finanzas de los estados y municipios se hayan vuelto altamente dependientes de este ingreso, el cual se convirtió en ‘necesario’ para mantener los gastos comprometidos en el presupuesto de egresos, pero por el otro, ha ocasionado la protesta de varios sectores de la población que no ven una justificación a mantener este cobro en virtud de no existir ya la causa que lo originó en un principio, e incluso lo califican de ‘inconstitucional’, por lo que algunos han interpuesto amparos contra su cobro.
Por estas razones, el propio Presidente Felipe Calderón se comprometió en campaña a eliminar ‘la tenencia’ cosa que cumplió, pero quedando sujeta su derogación hasta el Primero de Enero del año 2012 para dar oportunidad a los gobiernos de las entidades federativas a adaptar sus presupuestos o asumir la responsabilidad del cobro como una facultad local.
La propuesta del Ejecutivo busca corregir parte de ese esquema, a partir del año que viene, mediante el ajuste a la tarifa del impuesto sobre la renta aplicable a las personas físicas y a la tasa aplicable a las empresas, ambas a 30 por ciento.
También se proponen cambios del régimen de consolidación fiscal para que las empresas paguen los saldos de impuestos que no han entregado y que tengan antigüedad mayor a cinco años esta medida va dirigida a unas 500 grandes empresas.
Impuesto sobre la renta
Sobre el ISR se propone ajustar el régimen de consolidación para hacer exigibles los saldos con antigüedad mayor a 5 años del ISR diferido, por los grupos sujetos a la consolidación fiscal, y se propone elevar de forma temporal la tasa marginal máxima para personas morales y personas físicas de mayores ingresos en 2 puntos porcentuales, con lo que pasaría de 28 a 30%.
Posteriormente se procederá en 2013 y 2014 a su reducción gradual un punto cada año para volver a su tasa actual de 28%.
Se plantea un incremento de un punto porcentual a la tasa del IDE y disminuir el lumbral de los depósitos en efectivo exentos de 25 mil a 15 mil pesos mensuales.
En el caso del IETU se propone eliminar la posibilidad de aplicar el crédito por exceso de deducciones sobre ingresos contra el ISR.
Combate a la pobreza con más pobreza
Se plantea crear un gravamen de contribución para el combate a la pobreza, con un nuevo impuesto que gravará sobre una base de efectivo con una tasa de 2% a los ingresos derivados de la realización de ventas, aplicándose en todas las etapas de la producción de manera no acumulativa, permitiendo su acreditación y evitando la tributación múltiple.
Se busca que este impuesto no se concentre en sectores específicos sino que se distribuya de manera amplia pero proporcional para que quien más consuma más pagará.
Y esto no remonta a recordar la gran similitud de este impuesto con el de la tenencia que fue creado solo para generar infraestructura en las olimpiadas y finalmente se quedo como un impuesto importante en las economías de los estados.
Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Automóviles de 1962
Existe la creencia generalizada que la famosa ‘tenencia’ es un impuesto que fue creado originalmente por decreto emitido por el entonces Presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz con carácter de ‘emergente y temporal’ con el fin de solventar los gastos que se originaron en México al haber sido designada la ciudad de México como la sede de los Juegos Olímpicos en 1968.
En descargo del Lic. Díaz Ordaz y en honor a la verdad, hay que decir que la medida no fue emergente ni temporal ya que quien estableció realmente este cobro fue su antecesor, el Presidente Adolfo López Mateos debido a que en el artículo 13 de la Ley de Ingresos de la Federación para el año de 1962 incluyó el cobro de este impuesto, argumentando que dada la cercanía de los juegos olímpicos “se hacía necesario generar los espacios adecuados para la recepción, preparación y desempeño de los atletas que participarían en las distintas disciplinas deportivas”. A finales de ese mismo año, el propio Lic. López Mateos presentó la Iniciativa de Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Automóviles, considerando en su exposición de motivos “que la experiencia del año había demostrado la conveniencia de conservar ese impuesto, que al estar ya incluido en la Ley de Ingresos, no se trataba de establecer un nuevo gravamen tributario, sino solamente de regular con la debida amplitud las bases indispensables para su cobro”. Sobre esa base la Comisión de Impuestos de la Cámara de Diputados y las Comisiones Unidas de Impuestos y Hacienda de la Cámara de Senadores dictaminaron favorablemente, sin mediar debate, por lo que el Congreso de la Unión decretó la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Automóviles, que entró en vigor a partir del primero de Enero de 1963.
Las Olimpiadas terminaron, más no así el impuesto que se originó con ese motivo. Dado que en México tenemos la famosa costumbre de convertir lo temporal en permanente, el cobro continuó y lo único que sucedió es que posteriormente, en la época del Presidente López Portillo se emitió la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos que abrogó a la ley anterior, con el objeto de actualizar la regulación en el cobro de este impuesto, el cual es participable para los estados y municipios en los términos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. El tiempo tan largo que ha transcurrido en el cobro de este impuesto (47 años) ha provocado dos problemas. Por un lado, el que las finanzas de los estados y municipios se hayan vuelto altamente dependientes de este ingreso, el cual se convirtió en ‘necesario’ para mantener los gastos comprometidos en el presupuesto de egresos, pero por el otro, ha ocasionado la protesta de varios sectores de la población que no ven una justificación a mantener este cobro en virtud de no existir ya la causa que lo originó en un principio, e incluso lo califican de ‘inconstitucional’, por lo que algunos han interpuesto amparos contra su cobro.
Por estas razones, el propio Presidente Felipe Calderón se comprometió en campaña a eliminar ‘la tenencia’ cosa que cumplió, pero quedando sujeta su derogación hasta el Primero de Enero del año 2012 para dar oportunidad a los gobiernos de las entidades federativas a adaptar sus presupuestos o asumir la responsabilidad del cobro como una facultad local.
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