La falla del estado

El sentido de la vulnerabilidad que existe entre los ciudadanos, se extiende a cada faceta de sus vidas, abarcando desde preocupaciones sobre el empleo y el cuidado de la salud, hasta percepciones que van de mal en peor sobre la degradación ambiental y la seguridad personal. Pero en sí la realidad de Quintana Roo, no sólo nos ha permitido observar con meridiana claridad la situación de indefensión en la cual se encuentran los quintanarroenses, frente al problema de la inseguridad, sino también constatar que existe un divorcio entre el Estado y la Sociedad.

Por ello hablamos de "seguridad, la falla del estado", aunque la frase en sí misma puede no ser utilizada en la conversación cotidiana entre la multiplicidad de los quintanarroenses, ello refleja un sentimiento que se comprende y se expresa en niveles anecdóticos: la problemática de viajar con seguridad desde el hogar hacia el trabajo o la escuela, el temor a ser atacado en su propia casa, una desconfianza severa en las instituciones responsables de la seguridad pública (la Policía Municipal), y el sentido de vulnerabilidades crecientes contra una violencia aparentemente incontrolable, entre otras preocupaciones.

Mientras la delincuencia, la violencia y otros factores alcanzan niveles nunca vistos, el asunto de la seguridad o la inseguridad del ciudadano se han convertido en un tema constante en el quehacer cotidiano de los quintanarroenses y que no está siendo abordado por los candidatos.

La extensión de la violencia se ha desbordado en un clima generalizado de criminalidad.

En sí, las cifras sobre delincuencia, criminalidad, victimización y otros, muestran lo que simplemente es la magnitud absoluta de diversos tipos de violencia.

Ellas señalan un asunto que es mucho más profundo y que se encuentra en la médula de la creciente preocupación por la disminución de la seguridad ciudadana.

Es importante distinguir, entre las razones del porqué han sido incapaces de controlar esta oleada creciente de violencia. Podemos señalar, sin embargo, que la incapacidad del Estado es un resultado de las dimensiones geográficas tanto como de las deficiencias e incompetencias institucionales.

No es lo mismo comparar Cancún con Chetumal, ya que el desplazamiento de la delincuencia ha abrumado a las instituciones y otros relacionados con el mantenimiento de la seguridad del ciudadano.

En términos políticos, la insensibilidad del Estado de proveer seguridad pública a sus ciudadanos, a través de una policía eficaz e instituciones eficientes, ha resultado en la pérdida de su legitimidad.

Existe la tendencia a ver como debilidad la incompetencia del Gobierno para responder apropiadamente a la delincuencia, mientras que al mismo tiempo el uso constante de la fuerza pública para combatir la violencia (es decir, respondiéndole a la violencia con más violencia) lo coloca bajo una luz de ineficiencia y carencias democráticas. La percepción de que el Estado le ha fallado a la sociedad en sus deberes explícitos se agrava especialmente cuando las instituciones dotadas para proteger y preservar la seguridad pública se convierten en las fuerzas mismas que la minan.

Por otro lado, en nuestro Cancún, el crimen violento, la violencia delincuencial y la violencia juvenil llegan a producir, en algunas regiones, verdaderos espacios urbanos de guerra social cotidiana; áreas de una violencia sin causa ni fin.

Pero además, la expansión de la criminalidad, ha evolucionado de la mano con un creciente desorden público e inseguridad pública y ciudadana podemos señalar diversos casos que son representativos del problema estructural y generalmente histórico, donde la fuerza pública es a la vez el actor principal en la protección de la sociedad, y en la perpetración de la violencia contra esa misma sociedad.

Ese fracaso del Estado en el cumplimiento de su deber público de mantener el orden social ha conducido a un fenómeno creciente y perturbador lo que conlleva: al surgimiento de fuerzas de seguridad privadas, el exceso de seguridad privada genera más inseguridad.

En muchos casos, esa "privatización" de la seguridad ha conducido a políticas locales de seguridad ciudadana desarticulada, incoherente e inconsecuente.

Además, los sectores más pobres de la sociedad son los que más sufren dada su carencia de recursos para proveer su propia seguridad. Cuando el Estado abandona su deber de proteger a los ciudadanos se agrava la ya cruda vulnerabilidad de los pobres, quienes como grupo social constituyen la mayor parte de la población en el estado.

La última dimensión de la delincuencia está relacionada con su crecimiento. Demasiado a menudo el asunto de la corrupción y del delito de alto vuelo se pierde en el debate inmediato sobre el número de homicidios o la tasa de criminalidad.

Sin embargo, tales actos de delincuencia hablan directamente de la fracasada capacidad de las instituciones diseñadas para apoyar el aparato estatal.

Pero sin embargo, es necesario señalar que la presencia de la corrupción y el grado en que resulta endémica en una sociedad amenazan al propio Estado debido a su naturaleza estructural. La incorporación de prácticas corruptas en el comportamiento y las normas sociales a través de las ahora bien conocidas características del clientelismo, el corporativismo, y el patrocinio refleja una construcción social que acoge la criminalidad, o que es por lo menos reticente a combatirla.

Existe una interacción negativa innegable entre la violencia, el capital social, y el desarrollo económico. Como en una reacción en cadena, una escalada en los índices de violencia y crimen, generalmente asociados a condiciones económicas deterioradas destruye el capital social al erosionar la sociedad.

Al mismo tiempo, precisamente, las estructuras sociales son indispensables para enfrentar y frustrar la inseguridad creciente y, más importante, para promover el desarrollo económico de un estado, el cual a la larga romperá uno de los vínculos principales del ciclo de violencia: el económico. Estudios recientes sobre este tópico, así como datos de observación, subrayan las importantes implicaciones de garantizar la seguridad ciudadana para todos los miembros de una sociedad.

Por otro lado, los sentimientos de vulnerabilidad y de carencia de seguridad pública son más bien una percepción que una realidad inmediata, los efectos sobre la sociedad y el Estado son iguales: la desintegración del tejido social de una ciudad o de un país, instituciones debilitadas (específicamente los sistemas judiciales y penales), y pérdida de la legitimidad política de un gobierno, o aún peor, de una nación entera.

Durante la última década ha habido una tendencia innegable al empeoramiento de la inseguridad en el estado. Esto ha sido lo más notable en la "regionalización" del crimen (es decir, el tráfico de drogas, contrabando y de vehículos robados) y en la percepción de los ciudadanos de que este es uno de los principales problemas sociales, sólo sobrepasado por las preocupaciones económicas.