La desaparición forzada se ha usado
a menudo como estrategia para infundir el terror en los mexicanos. La sensación
de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos
del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.
La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta
únicamente a una región concreta del mundo.
El gobierno de México, en medio de
los acontecimientos de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, es
señalado como uno que no cumple en materia de derechos humanos.
México será revisado por primera
vez por el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, este lunes 2 de
febrero inicia la comparecencia que concluirá el 13 de febrero, en Palacio
Wilson, en Ginebra.
México no se encuentra listo y mucho
menos dispuesto para responder por el caso Ayotzinapa.
“La verdad jurídica es que siguen
desaparecidos. Faltan líneas de investigación antes de que quieran dar el
carpetazo al caso.
El Comité, compuesto por 10
expertos independientes en derechos humanos de distintas nacionalidades,
monitorea la implementación de la Convención Internacional para la protección
de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
Con un sombrío telón de fondo por
la desaparición y masacre de 43 estudiantes en Iguala, una audiencia a la que
también acudirán familiares de las víctimas.
La desaparición de 43 estudiantes de
Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre a manos de policías municipales
coludidos con sicarios de un cártel narcotraficante en Iguala ha concentrado la
atención de esta audiencia, que estaba prevista antes de que los jóvenes fueran
atacados.
"Frente a las aseveraciones de
que la investigación está cerrada habremos de decir que la investigación no
está cerrada. Frente a las aseveraciones de que las autoridades ya los
declararon muertos habremos de decir una y otra vez que hoy la verdad jurídica
es que siguen desaparecidos y que sólo el juez habrá de decidir". Los
padres de los estudiantes y sus abogados expresaron su decisión de acudir a
Ginebra luego de que la fiscalía federal sostuvo por primera vez esta semana
que, con base en las investigaciones, cuenta con la "certeza legal"
de que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en un aislado basurero de
Cocula, municipio vecino de Iguala, y sus restos arrojados a un río. Las
autoridades de México "dan protección a los autores intelectuales del
crimen, omitiendo declaraciones de sobrevivientes y testigos", declaro Felipe
de la Cruz, vocero de los padres.
El viaje a Ginebra se da en medio de fuertes cuestionamientos a las conclusiones de las investigaciones de organizaciones de derechos humanos como Human Rigths Watch (HRW) o Amnistía Internacional, que pide que se abra una línea de investigación sobre los señalamientos de omisión de auxilio o participación del ejército en el crimen, algo negado tajantemente por la fiscalía.
@jose_mramirez
El viaje a Ginebra se da en medio de fuertes cuestionamientos a las conclusiones de las investigaciones de organizaciones de derechos humanos como Human Rigths Watch (HRW) o Amnistía Internacional, que pide que se abra una línea de investigación sobre los señalamientos de omisión de auxilio o participación del ejército en el crimen, algo negado tajantemente por la fiscalía.
@jose_mramirez
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