Operativos anti alcohol son inconstitucionales.

La aplicación de los operativos de revisión que se aplican a conductores en general, ha causado todo tipo de quejas en Cancún, Su carácter es inconstitucional, además de ser promotora del abuso y corrupción por parte de los elementos de tránsito de Cancún, estos son algunos de los factores por los que la sociedad civil exige el fin de los operativos anti alcohol.
Denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ante el Ministerio Público, además de fiscalías especializadas en delitos del fuero común, por parte de servidores públicos son ejemplo fehaciente de la acumulación de irregularidades que el municipio de Cancún mantiene con respecto a los retenes.
Si bien durante casi dos años se han realizado estos operativos en las avenidas cancunenses más importantes, el descontento ciudadano con las autoridades que lo aplican ha sido una verdad sometida al silencio y la resignación de centenares de automovilistas que han padecido malos tratos y chantajes por parte de los uniformados.
Sin embargo, el descontento público ya adquirió nuevos matices al verse reflejado ahora sí con pruebas fehacientes dentro del ámbito jurídico con sendas denuncias interpuestas no solo contra el alcalde de Cancún, sino contra fiscales y funcionarios relacionados con la revisión que hoy en día se sostiene contra los retenes.
LA ILEGALIDAD EN SU ESPLENDOR
Integrantes de la asociación de abogados encabezan denuncias a favor del reconocimiento de la ilegalidad de los operativos anti alcohol.
El primer fruto de dichos esfuerzos es la obtención de una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hacia el municipio de Benito Juárez la cual debe advertir la inconstitucionalidad de los operativos, al tratarse de actos en los que se suscitan violaciones recurrentes a las garantías individuales.
"Al momento que el oficial pide que le sople es una violación a los derechos humanos, pues al negarse lo retienen, privándolos de la libertad, lo cual es otro delito, el negarse a la recomendación de la CEDH se estaría violentando la ley, que dicta que debe tomar en cuenta los derechos humanos, todo eso lo sabe el alcalde y el cabildo, e incluso si llegara a quitar hoy mismo los operativos, el caso continúa, pues los ciudadanos se ven afectados por los operativos antialcohólicos".
En el transcurso de la espera a que esta recomendación se acate, se debe acudir al Ministerio Público, en específico a la fiscalía especializada para interponer la denuncia por violación a los derechos humanos para el otorgamiento de responsabilidades legales contra los responsables.
OBSTÁCULOS
En ese contexto se debe denunciar al contarse con pruebas fehacientes de violaciones por parte de la administración municipal.
La CEDH debe enviar su recomendación al municipio de Benito Juárez, otras irregularidades han saltado a la luz respecto a quienes al interior de la institución abogan por los operativos anti alcohol. Tal es el caso de algunos de los regidores, quienes avalando públicamente la inconstitucionalidad de los retenes, realizan un acto doloso en menoscabo de la ciudadanía. Integrantes del cabildo están enterados del llamado de la CEDH y la ilegalidad del operativo, y al mismo tiempo lo justifican en base a criterios mediáticos, como el de tener la necesidad de tener ingresos extraordinarios, como multas y sanciones.
Luego de ser cuestionados sobre la exigencia hecha por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) al municipio, de retirar los operativos, la administración pública incurre en irresponsabilidad al declarar que aceptan la ilegalidad de un acto jurídico y aún así continúan avalándolo, lo cual en sí es un delito.
Sí, saben que es inconstitucional, declaran funcionarios el problema es que si nosotros hiciéramos por evitar estos retenes alcohólicos, no habría ingresos extraordinarios.
Si atendemos a criterios estrictamente de derecho, el hecho de que una persona manifieste tener conocimiento de un delito o de que está cometiendo uno, en este caso administrativo y llevarlo a cabo, habla de una conducta dolosa.
No hay justificante para ello, manifiestan expresamente y en forma pública tener conocimiento de que es inconstitucional y no se puede hacer otra cosa".
El simple hecho de mantener la ilegalidad a costa de obtener ingresos extraordinarios implica una sanción, en este caso tiene prioridad la cancelación exigida por la CEDH, de estos operativos.
CARENCIAS OPERATIVAS
Un elemento más de juicio contrario a los operativos es las carencias especiales de los operativos, las cuales también violan las garantías individuales.
En la exposición de motivos se considera ilegal la petición que las autoridades hacen al ciudadano de firmar documentos cuando el inculpado se encuentra en presunto estado de ebriedad, pues desde el punto de vista estrictamente jurídico no tienen validez
“Al estar haciendo esos operativos, a la gente que se le retira de manera preventiva para que no vayan a tener alguna contingencia vial, por el estado de ebriedad en la que están, el municipio no cumple con su obligación de otorgar facilidades al mismo para que alguien acuda a recogerlos y llevarlos hasta su hogar”.
Aunque los entrevistados han afirmado que la ciudadanía ha avalado moralmente los retenes por tratarse de actos “bien intencionados”, lo cierto es que el carácter inconstitucional de los mismos trasciende el espíritu del momento al grado de confrontar la aplicación de la ley con el respeto a los derechos humanos, tal y como estas denuncias lo reflejan.

La judicialización de la política

Tradicionalmente, y por más de 120 años, la solución de los diferendos políticos se dio en su seno a través de los denominados colegios electorales.
El primer intento de judicializar la política se produce en el último tercio del Siglo XIX, en La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por virtud del interesante debate entre dos de los más grandes juristas de ese siglo; José María Iglesias y Don Ignacio L. Vallarta y es conocido como “ La tesis de la incompetencia de origen” propuesta por Iglesias a partir del supuesto de que las dos primeras leyes de amparo de 1861 y 1869 no contemplaban explícitamente dentro de los derechos protegidos a los derechos de naturaleza política ni procedimiento judicial para ello; pero tampoco existía en aquel entonces causal de improcedencia como lo contempla a partir de 1936 el artículo 73 fracción III la legislación reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal vigente.
Otro contexto necesario es que en esa época de la historia de México existía un ambiente de mucha tensión entre la Suprema Corte y el Congreso de la Unión y a juicio del Ministro Iglesias, en aquel entonces Presidente de la Corte, era necesario reiterar la igualdad de ésta frente a los otros dos poderes.
De varios casos aislados que conoció la Corte sobresale el célebre “Amparo Morelos”. En este caso, varios hacendados del Estado de Morelos, a través del juicio de Amparo, impugnaron a la Ley de Hacienda Estatal del 12 de octubre de 1873, por considerarla violatoria del artículo 16 de la Constitución federal de 1857; al integrarse el quórum de la legislatura que aprobó dicha ley con el Diputado Vicente Llamas, el cual había sido electo, a pesar de que la Constitución local prohibía su elección por ser jefe político de un Distrito; además de que el general Leyva -quien promulgó la ley- fue reelecto como Gobernador, en contra de la prohibición expresa de la Constitución estatal, que no había sido reformada en los términos prescritos por ella; y, que aun suponiendo debida y legalmente reformada la Constitución para permitir su reelección, el General Leyva fue reelecto por menos de las dos terceras partes de los votos que exigía la propia Constitución reformada.
Al resolverse en revisión este amparo turnado al Ministro Iglesias para su resolución, éste sostuvo en su ponencia la “Tesis de la Incompetencia de Origen”, bajo el argumento de que si el amparo cabría contra todos los actos de autoridad incompetente, procedía por lo mismo contra los actos de las falsas o ilegítimas autoridades que habían sido elevadas al poder sin contar con el voto popular o que resultaron electas infringiendo las bases electorales de la Constitución Federal o de las Constituciones de los Estados.
En contra de este criterio se alzó el Ministro Vallarta presentando un voto particular en contra que se puede resumir esencialmente en aquel famoso comentario que le hizo a Iglesias acerca de que éste trataba de evitar la dictadura política implantando una dictadura judicial. El voto se fundamenta básicamente en que los conflictos político-electorales no podían tener soluciones judiciales, es decir, que sobre ellas no podía plantearse controversia alguna que los tribunales tuvieran competencia para resolver, ya que estos conflictos inciden en las relaciones políticas de los poderes públicos, o en la organización misma del gobierno y por lo tanto, no afectan los derechos reales o personales protegidos por las garantías individuales reconocidas en la Constitución vigente, ni se trataba de invasiones a la soberanía de los estado o leyes y actos de éstos que invadieran la esfera de autonomía federal; y, que la Suprema Corte no estaba facultada expresamente por la Constitución de 1857 para revisar los títulos de legitimidad de las autoridades locales, por lo que resultaba igualmente inconstitucional la actuación de la Suprema Corte dejando en entredicho el apotegma de Iglesias “sobre la Constitución nada; nadie sobre la Constitución”.
Esta breve historia concluyó cuando Vallarta llegó a la presidencia de la Corte y lo que había sido su voto particular en contra de la tesis Iglesias se convierte en jurisprudencia, que tuvo vigencia plena hasta 1977 y sus efectos duraron hasta 1996. Por su parte, Iglesias, en su calidad de Presidente la Suprema Corte, desconoce la elección presidencial por la que se pretendía reelegir Lerdo de Tejada y, aprovechando la huida de éste ante las derrotas que sufre a manos de Don Porfirio Díaz en la llamada revolución de Tuxtepec, asume el poder como Presidente Sustituto por Ministerio de Ley el 31 de octubre para ser destituido por el General Díaz el 28 de noviembre del mismo año de 1875. Decepcionado Iglesias de la vía judicial para alcanzar el poder presidencial, contiende abiertamente por la Presidencia de la República y sufre una derrota electoral aplastante, por lo que se refugió en la vida privada, hasta su muerte en 1891.
Releído lo anterior a la distancia de los tiempos no me queda la menor duda de que en este maravilloso México el estado de las cosas poco cambia o casi siempre se repite la historia. Es incuestionable que en la época de Iglesias y Vallarta la lucha por el poder entre los grupos del centro y de la mentada provincia era encarnizada y sobre todo si tomamos en cuenta que el provinciano Don Benito Juárez arriba a la Presidencia de la República desde la Presidencia de la Suprema Corte y permanece 14 años en ella, desde 1858 y hasta 1872, sin necesidad de ser legitimado por proceso electoral alguno, tal vez por que contaba con una legitimación de origen dada su intachable conducta y sólo un infarto lo remueve del cargo. Ya lo decía Mariano Otero subrayando la soberanía de los estados confederados:
“Los Estados Mexicanos por un acto espontáneo de su propia individualidad soberanía, y para consolidar su independencia, afianzar su libertad, proveer a la defensa común, establecer la paz y procurar el bien, se confederaron en 1823 y constituyeron después en 1824 un sistema político de unión para su gobierno general, bajo la forma de República popular, representativa, y sobre la preexistente base de su natural y recíproca independencia”.
Algunos importantes tratadistas han advertido en la incursión del poder judicial al tema político un riesgo latente de desequilibrio entre los poderes y el natural debilitamiento del Poder Legislativo en su camino a convertirse en Parlamento.
En otro aspecto desde el punto de vista del desarrollo de una cultura de conocimiento y tolerancia, la solución judicial no debe tenerse como permanente, ya que si bien da seguridad y confianza en el gobernado y fortalece la relación entre la creación y operación legítima del estado, también constituye al tiempo una camisa de fuerza que inhibe el desarrollo de características humanas como la tolerancia a la otredad que impide la madurez social, al darse el riesgo de constituirse en una dictadura judicial.

Los Riesgos del Periodismo

El poder para moldear el futuro de una República estará en manos del periodismo de las generaciones futuras.

Este tema esta intitulado los Riesgos del periodismo tomando en cuenta que es un tema actual, debido a la difícil situación que viven los periodistas, fotógrafos y camarógrafo en nuestro país.

A través del tiempo nos podemos dar cuenta que el periodismo es riesgoso en todo el mundo, y que existen factores que la hacen cada vez más peligrosa. Entre esos agentes se encuentran la censura, la autocensura, represiones, espionaje telefónico, persecución, secuestro, agresiones físicas y hasta la muerte de periodistas. Hay quienes piensan que esto sólo ocurre cuando se cubre una guerra, pero no es así en los regímenes dictatoriales, en los países con terrorismo y narcotráfico también acontece.

Actualmente los comunicadores, están pasando momentos difíciles a la hora de cubrir informaciones tanto del oficialismo como de la delincuencia organizada, pues son agredidos verbal y físicamente, tienen muchas veces que autocensurarse o arriesgarse.

No hay profesionales a los que más trampas se les tiendan que a los comunicadores, todos quieren manipularlos incluida la delincuencia organizada, para utilizarlos en su beneficio y servirse de su influjo. Por eso son frecuentes los engaños que les ponen en forma de halagos, invitaciones, regalos, pasajes pagados, todo ello con el fin de doblegar su independencia o utilizar su influencia, aquellos que ceden llevan consigo el descredito de su gremio.

Para prevenir los riesgos, tentaciones y engañosos estímulos que frecuentemente amenazan a los periodistas, sobre todo a los que han logrado algún prestigio ante el público. El periodista está sometido a múltiples riesgos no sólo para el ejercicio honesto de su trabajo sino en su misma permanencia en los distintos medios, para su libertad de acción, para su justa aspiración a progresar y aun para la propia integridad personal.

El trabajo periodístico resulta agotador, monótono y con frecuencia mal remunerado, lo que se presta naturalmente a rivalidades entre colegas, a manipulación de intrigas e influencias, a la búsqueda no siempre limpia de amistades y posiciones para tratar de ganar prestigio entre quienes tienen el poder y el dinero.

Por estas razones los periodistas comunes y corrientes, corren riesgo de verse manipulados, de buscarse otras entradas para mejorar su condición de vida, de faltar a los principios de la ética profesional y hasta de considerar el trabajo periodístico apenas como paso temporal hacia otros trabajos más lucrativos y brillantes.

Pero aparte de estos riesgos contra la ética profesional, el ejercicio del periodismo se ha convertido en los últimos años en un trabajo de frecuentes riesgos y de serios peligros por razón de la exigencias de una labor cada vez más agitada y compleja que demanda desplazamientos rápidos, trabajo en circunstancias desfavorables y no poco coraje para enfrentar toda suerte de obstáculos y presiones.

Clasificación de Riesgos según su Categoría

Agresión: en el caso de los periodistas, heridos o golpeados por civiles o por fuerzas de seguridad.

Ataque: Cuando a los medios de prensa son dañados o asaltados por difusión de noticias u opiniones que producen rabia a un grupo determinado.

Amenaza: En forma personal, por teléfono.

Censura: Supresiones o prohibiciones oficiales, ediciones confiscadas, difusión restringida o impedida, despido de periodistas o programas suspendidos como resultado de presión política u otro tipo; retiro de publicidad oficial o discriminación en el reparto, presión sobre los auspiciantes de un medio, visas negadas.

Intimidación: Acceso a edificios o espacios públicos negado o limitado, libertad de desplazamiento impedida o restringida, inspecciones fuera de rutina, espionaje o seguimiento sobre periodistas.

Hostigamiento Judicial: Amenazas de funcionarios de iniciar acciones judiciales contra un medio o periodista, demandas por daños y perjuicios o querellas por calumnias e injurias destinadas a inhibir la difusión de un hecho o de una crítica.

Hostigamiento Verbal: Insultos o descalificaciones de funcionarios hacia medios de comunicación o periodistas, declaraciones destinadas a ubicar a la prensa en el papel de adversario político, aprobación de proyectos de resolución o declaración en repudio de artículos periodísticos.

Restricciones Legales: Aprobación de leyes restrictivas para la libertad de prensa o presentación de proyectos legislativos o derechos del poder ejecutivo con esa finalidad.

Muerte: Periodistas asesinados mientras realizaban su trabajo periodístico o por motivo de éste, luego de la realización del mismo.

De quienes provienen los Riesgos

Es preciso reconocer, que el periodista de nuestros tiempos ve cada vez más recortada su autonomía, que no le es fácil mantener su libertad y que debe estar siempre vigilante ante las presiones, amenazas y solapadas acechanzas que buscan manipularlo en su labor y utilizarlo para su conveniencia. No son solamente las restricciones y ataques de los gobiernos totalitarios o despóticos sino también, en las mismas democracias, donde constantemente se ve amedrentada la libertad del periodista para ejercer honestamente su misión, a tal punto que debe hallarse siempre en guardia para enfrentar el peligro y defender su libertad.

Puede, en efecto, comprobarse cómo en el desempeño de su responsabilidad social, el periodista tropieza con múltiples restricciones a la necesaria libertad de su función comunicadora. El comunicador consciente de estas restricciones que conspiran contra la libertad de su misión profesional, ha de estar alerta para enfrentarlas responsablemente.

Los factores y quienes atentan contra la libertad del periodista, son los siguientes:

Los Gobiernos y Poderes estatales, Los Grupos de Presión Políticos, Grupos de Presión Económica, Las Empresas Periodísticas, y ahora la delincuencia organizada.

Cancún de Juárez

A más de doscientos años del natalicio del más grande estadista, y liberal de nuestra Patria, Benito Juárez, los Benito juarenses debemos hacer hincapié para honrar al indio de Guelatao quien al gobernar lo hizo siempre con la gente, y donde el beneficio social fue el eje rector de su gobierno. El Presidente Juárez fue un presidente que estuvo atento a los reclamos y demandas de las comunidades y barrios, y gracias a ello, logró la unidad, suma de voluntades y esfuerzo conjunto que le permitió sortear las vicisitudes y no hubo obstáculo que no pudiera vencer, llama poderosamente atención que hoy Jaime Hernandez presidente municipal de Cancún lo invoque esperamos sea un Juarista en los Hechos y no en las palabras.
Juárez sabía perfectamente lo que era vivir y realizar las labores del campo, las faenas cotidianas que el ciudadano común tenía que desempeñar, por lo que tuvo la sensibilidad y capacidad de comprender al pueblo mexicano.
Los ciudadanos benitojuarenses exigen un gobierno responsable, entendiendo por éste el que sirve a todos los ciudadanos sin distingo de partidos o ideologías, que escuche y atienda el reclamo popular. Los benitojuarenses demandan a los representantes populares que estén con la gente, que le den a nuestra entidad un rumbo con certidumbre, una dirección con responsabilidad, sin comprometer el erario público ni adquirir deudas y compromisos que impidan el desarrollo y crecimiento sustentable de nuestro Cancún.
Una similitud entre aquél México del Siglo XIX y al del Siglo XXI es que en torno a la causa ciudadana, converge un amplio movimiento con gran potencial de resolver muchos de nuestros problemas. Juárez comprendió que el gobierno debe aprender de la sociedad y debe evolucionar en sus formas de gestión, de organización y de toma de decisiones.
En este año del bicentenario el gobierno debe retomar la dirección, a fin de que se solidifiquen los cimientos y se construya un mejor Quintana Roo:
El gobierno debe
1. Tener Organización para causas concretas, solo así se pueden atacar los problemas con eficiencia, facilitando la evaluación de resultados.
2. Tener Participación para lograr la eficacia en las respuestas, sin temor a la participación social, ya que ella es parte de la solución y no del problema. Cuando se piensa que solo el análisis técnico es el generador de la gestión política, se topa con pared. Por ello hoy la ciudadanía se siente, en muchas ocasiones, ajena a los proyectos y obras.
3. Debe Tener Vinculación de esfuerzos, ya que la suma de voluntades facilita el logro de mejores resultados. Esta es la forma en que se recupera la esencia humanista en la gestión pública.
4. Debe tener Simplificación y solución efectiva de problemas, que abra cauce a la desregulación que ponga el gobierno al servicio del ciudadano.
5. De tener Liderazgo. En este concepto, debe plantear el compromiso como piedra angular de trabajo, que se rescate el significado del compromiso individual, que sea humilde cuando no se cumpla, que se esté orgulloso cuando se alcance una meta. Hacer bien las cosas exige liderazgo. Hoy se necesitan líderes convencidos, comprometidos, que ofrezcan respuestas y no tengan miedo a innovar.
Reitero el gobierno del Presidente Juárez fue promotor de la información y la comunicación. En ocasiones existe una gran resistencia en la administración pública a proporcionar información, a mostrar resultados, a ser evaluadas. El gobierno debe superar esa visión equivocada y hacer de la información un bien público. La buena comunicación es fuente de certidumbre.
Otra característica esencial que nos deja como legado el Benemérito de las Américas es el eficiente empleo de recursos. Es importante dejar atrás el culto a la imagen personal, erradicar la cultura del derroche de la administración pública. El erario y los bienes públicos deben ser valorados y tenerse clara conciencia de cómo alcanzar resultados que redunden en mayor bienestar, sin grandes gastos, pero con gran energía y creatividad.
Juárez fue, “un hombre de acción y de pensamiento”. En el ideario juarista, encontramos conceptos vigentes, con igual o mayor peso en su tiempo como en el nuestro, tales como “Como hijo del pueblo, nunca podría yo olvidar que mi único título es su voluntad, y que mi único fin debe ser siempre su mayor bien y prosperidad”.
El Benemérito utilizó la pluma como instrumento civilizador, de donde nacieron las Leyes de Reforma, la nacionalización de los bienes de manos muertas, la libertad de cultos, y principalmente, la independencia absoluta de las potestades civil y espiritual. Afirmó que “a la distancia, Juárez parece un liberal cristiano capaz de afirmar que se necesita una religión que nos obligue a leer y no a gastar los ahorros en cirios para los santos”.
Entre gobierno y sociedad debe tenderse nuevos puentes, nuevos métodos de trabajo, es tiempo de construir prácticas diferentes que vuelvan a otorgar al ciudadano la confianza en sus instituciones, es necesario establecer nuevas bases para dejar atrás viejas sospechas.
Debemos dejar atrás los tiempos de demagogia, los benitojuarenses están cansados de ello. Hoy se quiere un gobierno que muestre y demuestre que puede invertir más en salud, que promueva la construcción de vivienda, vivienda digna. Un gobierno que invierta, sin miedo, en obras de infraestructura en servicios públicos como agua potable, drenaje profundo, vialidades, pero por encima de todo, un gobierno de mano firme ante aquellos que intentan generar caos y zozobra entre la sociedad, sin tolerancia alguna para quien atente con lo más preciado, nuestras familias.
Los benitojuarenses están prestos a marchar junto a los gobernantes legítimamente electos, a pesar de aquellos detractores que minimizan el valor de un voto, el cual en una sociedad democrática como la nuestra, expresa la voluntad y libertad de decisión de la ciudadanía. Nunca es tarde, para juntos trabajar por el bien de Cancún, sin temor a la competencia política, porque los benitojuarenses lo que sí rechazan es la incompetencia política.

¿Existe la democracia?

Un sistema multipartidista o sistema pluripartidista es un sistema de partidos políticos donde una gran cantidad de partidos políticos tienen amplias posibilidades de obtener el poder ejecutivo, así como el poder legislativo se encuentra dividido entre una gran cantidad de bancadas ó fracciones, en contraposición al bipartidismo (la hegemonía de dos partidos políticos), ó el unipartidismo (la hegemonía de un solo partido político).
Existen dos maneras de enfocar una democracia multipartidista y bipartidista:
Bipartidismo: cuando dos partidos políticos de ideologías opuestas absorben la mayoría abrumadora de los votos, dejando espacio escaso a otros partidos. En este sistema, los partidos minoritarios suelen ser regionalistas o de ideologías extremistas. Los ejemplos más claros los encontramos en Estados Unidos (Demócratas y Republicanos).
Polipartidismo: donde varios partidos políticos (de 4 a 8, normalmente) se reparten los escaños, estando obligados a realizar alianzas para alcanzar el poder. Este sistema es quizá más realista en el sentido de expresar la ideología de los ciudadanos, pero trae consigo mayor riesgo de que ideologías antidemocráticas alcancen el gobierno.
Centrismo: Entre varios partidos políticos hay uno de centro que obtiene la mayoría de los votos, pero que generalmente ha de realizar coaliciones con el resto de partidos que adquieren más o menos votos según las tendencias del momento.
La democracia quiere decir " poder del pueblo", pero desde el punto de vista filosófico la democracia es más que poder del pueblo, es un sistema socio político y económico de hombres libres e iguales; no sólo libres e iguales ante la ley, sino en las relaciones sociales en la vida cotidiana. La democracia en cuanto concepción del mundo nos conduce a uno de los ideales más sublimes que el hombre intenta consolidar en la historia: el ideal de la simetría, es decir, de la igualdad y el ideal de la no arbitrariedad. La sociedad auténticamente democrática debe ser simétrica y no arbitraria. La historia de la humanidad está plagada de luchas populares por conseguir esa meta. Algo se ha avanzado pero falta mucho camino por recorrer. En otras palabras, faltan nuevas revoluciones, nuevos cambios, para que pueda concretarse el ideal de una sociedad justa integrada por hombres libres e iguales.
En las condiciones actuales la democracia ha significado un gran paso histórico, pero todavía nos encontramos con una serie de limitaciones de orden ideológico, político, económico, cultural, técnico, e incluso psicológico, para que puedan ponerse en práctica aquellas instituciones de la democracia.
Se están haciendo diversos esfuerzos al respecto y en esa tarea estamos porque la democracia no es sólo elección sino también participación.
DEMOCRACIA
El término democracia fue inventado en la Grecia clásica (500-250 a.d.C.). Originaria y etimológicamente significa gobierno del pueblo, donde el pueblo (demos) se refería a los ciudadanos.
Sin embargo la significación etimológica del término es mucho más compleja. El término «demos» parece haber sido un neologismo derivado de la fusiónde las palabras demiurgos (demiurgi) y geomoros (geomori). El historiador Plutarco señalaba que los geomoros y demiurgos, eran junto a los eupátridas, las tres clases en las que Teseo dividió a la población libre del Ática (adicionalmente la población estaba integrada también por los metecos, esclavos y las mujeres). Los eupátridas eran los nobles; los demiurgos eran los artesanos; y los geomoros eran los campesinos. Estos dos últimos grupos, en creciente oposición a la nobleza, formaron el demos. Textualmente entonces, democracia significa gobierno de los artesanos y campesinos, excluyendo del mismo expresamente a los ilotas (esclavos) y a los nobles.
Hoy en día cabe distinguir dos sentidos en los que se emplea la palabra democracia: uno procedimental y otro estructural. En cuanto a la primera acepción, el término refiere a una forma de votación por medio de la cual se toman decisiones colectivas para la elección de gobernantes. En base a la segunda acepción, democracia describe unas cualidades particulares que una sociedad debe de cumplir, como la participación popular, la libertad, la igualdad, o el derecho de las minorías, para considerarse democrática
Desde el punto de vista procedimental la democracia es simplemente la forma de gobierno en la que los conductores del estado son electos por mayoría en votaciones. Este carácter es fundamental y determina todas las demás características de la democracia como sistema de gobierno.
Los demócratas modernos insisten que "verdadera democracia" el poder del estado está limitado por una Constitución, está divido entre entes autónomos (la entelequia de la "división de poderes") que se balancean y vigilan los unos a los otros y las minorías ven respetados sus derechos por las mayorías. Estos elementos supuestamente garantizan que sólo bajo un gobierno democrático el hombre puede ser verdaderamente libre. Tanto así que la palabra "libertad" y la palabra " democracia" son sinónimos para todos los efectos prácticos en el discurso político.
Esta es una de las falacias más grandes de la humanidad.
La falla de los demócratas consiste en pensar, explícita o implícitamente, que las reglas y leyes establecidas en una Constitución se hacen cumplir por el mero hecho de estar escritas en papel. En democracia, una mayoría puede reescribir las reglas delineadas en la constitución, abolir la separación de poderes y violar los derechos de la minoría. El mero hecho de la superioridad numérica le otorga "legitimidad" y la habilita para establecer una tiranía mayoritaria.

4 de julio del 2010 ¿día de campo para el PRI?

Iniciaron los cierres de campaña de los candidatos del PRI, PAN, PRD.

Los candidatos de PRI y PAN finalizarán sus campañas en la capital con actos multitudinarios, los cuales tienen previsto realizarlos esta semana pues el Cofipe permite concluir las campañas cinco días antes de la jornada electoral.

Mientras que el PRD reforzará sus actividades proselitistas al interior del estado al respecto, la dirigente estatal del PRI, reafirmó que el tricolor tiene la posibilidad de triunfo en los 15 distritos, pues gracias a la estructura que se realizó en distintos puntos de la entidad, los abanderados se lograron posicionarse en las preferencias del electorado.

La estrategia final del PRI será concluir con cierres "fuertes" de campaña

De las doce elecciones para gobernador de este año, el PRI tiene el objetivo de mantener las que ya tiene y recuperar algunas de las perdidas. Sin embargo, pese a la tendencia electoral favorable, el PRI podría no pasar la prueba de los acuerdos internos y algunas rupturas habrían de debilitar su posición electoral para el 2012.

Uno de los problemas ya se suscito en Oaxaca. El gobernador Ulises Ruiz, que ha tenido una extraordinaria recuperación electoral en votaciones locales y federales y que logró superar la insurrección del 2006, va a lidiar con la incomodidad del ex gobernador José Murat, quien no quiere aceptar las reglas del juego de la política. Lo grave para el PRI es que Murat quiere llevar la elección de gobernador a tribunales.

La estrategia de Murat es ayudar a la APPO y con ello beneficiar a la coalición a favor del senador Gabino Cué. Ello implicaría una alianza política de Murat con su archienemigo el ex diputado panista Diódoro Carrasco, a quien Murat le quitó la facultad de poner a su sucesor porque Murat en 1997 amenazó con irse al PRD y Zedillo le entregó por dedazo la candidatura a gobernador. Murat quiere recuperar el poder político de su cacicazgo en Oaxaca y con ello fracturar al PRI. Sin embargo, el gobernador Ruiz parece dispuesto a no entrar a los juegos palaciegos de su antecesor.

El PRI tiene dos problemas:

1.- El mecanismo de selección

2.-la balcanización del partido. Entendamos Balcanización como un término geopolítico usado originalmente para describir el proceso de fragmentación o división de una región o estado en partes o estados más pequeños que son, por lo general, mutuamente hostiles y no cooperan entre sí

El uso de la convención de delegados le otorga al gobernador saliente la ventaja, pero muchos candidatos quieren consulta a la base. El conflicto viene desde tiempos de la reforma de Luis Donaldo Colosio. El PRI regresa al dedazo disfrazado de votación de delegados.

El otro problema radica en la consolidación de los virreinatos locales, que le funcionaron muy bien en los dos gobiernos presidenciales panistas aunque fortalecieron el poder de los gobernadores priístas. Sólo que la balcanización del PRI fue más allá de las relaciones locales con el Gobierno federal panista y ahora los gobernadores no quieren que el PRI nacional se involucre en las sucesiones locales.

Y el PRI nacional tendrá que decidir si permite esa balcanización que le dañe posiciones estatales con miras al 2012 ó regresa a los tiempos del autoritarismo piramidal. Por lo pronto, hay intereses políticos en varias sucesiones locales por parte de los tres principales precandidatos presidenciales priístas: Enrique Peña Nieto, Manlio Fabio Beltrones y Beatriz Paredes.

La balcanización priísta fue una conquista de la alternancia partidista en la Presidencia de la República. Y su mensaje fue muy claro en el 2006: Varios gobernadores prefirieron facilitar la victoria presidencial del candidato panista Felipe Calderón a permitir, decían sin rubores, el regreso del viejo presidencialismo piramidal y unipersonal para decidir sobre los estados. Roberto Madrazo fue visto por los gobernadores como un potencial presidente del viejo régimen: Las decisiones en los estados habrían de regresar a Los Pinos.

El riesgo de fractura en el PRI es uno de los principales problemas a resolver con miras al 2012, sobre todo porque los gobernadores salientes quieren consolidarse como piezas clave del PRI en sus entidades y con ello capitalizar posiciones hacia el futuro. Varios futuros ex gobernadores quieren asegurar desde ahora curules en el Senado en el 2012, a cambio de apoyo a cualquiera de los precandidatos presidenciales priístas.

Al final de cuentas, la verdadera posibilidad de que el PRI regrese a Los Pinos no radica en la aportación de votos, sino en evitar la balcanización del partido, sobre todo porque algunos líderes locales prefieren ver perder al PRI en sus entidades con tal de mantener sus posiciones de poder.

La falla del estado

El sentido de la vulnerabilidad que existe entre los ciudadanos, se extiende a cada faceta de sus vidas, abarcando desde preocupaciones sobre el empleo y el cuidado de la salud, hasta percepciones que van de mal en peor sobre la degradación ambiental y la seguridad personal. Pero en sí la realidad de Quintana Roo, no sólo nos ha permitido observar con meridiana claridad la situación de indefensión en la cual se encuentran los quintanarroenses, frente al problema de la inseguridad, sino también constatar que existe un divorcio entre el Estado y la Sociedad.

Por ello hablamos de "seguridad, la falla del estado", aunque la frase en sí misma puede no ser utilizada en la conversación cotidiana entre la multiplicidad de los quintanarroenses, ello refleja un sentimiento que se comprende y se expresa en niveles anecdóticos: la problemática de viajar con seguridad desde el hogar hacia el trabajo o la escuela, el temor a ser atacado en su propia casa, una desconfianza severa en las instituciones responsables de la seguridad pública (la Policía Municipal), y el sentido de vulnerabilidades crecientes contra una violencia aparentemente incontrolable, entre otras preocupaciones.

Mientras la delincuencia, la violencia y otros factores alcanzan niveles nunca vistos, el asunto de la seguridad o la inseguridad del ciudadano se han convertido en un tema constante en el quehacer cotidiano de los quintanarroenses y que no está siendo abordado por los candidatos.

La extensión de la violencia se ha desbordado en un clima generalizado de criminalidad.

En sí, las cifras sobre delincuencia, criminalidad, victimización y otros, muestran lo que simplemente es la magnitud absoluta de diversos tipos de violencia.

Ellas señalan un asunto que es mucho más profundo y que se encuentra en la médula de la creciente preocupación por la disminución de la seguridad ciudadana.

Es importante distinguir, entre las razones del porqué han sido incapaces de controlar esta oleada creciente de violencia. Podemos señalar, sin embargo, que la incapacidad del Estado es un resultado de las dimensiones geográficas tanto como de las deficiencias e incompetencias institucionales.

No es lo mismo comparar Cancún con Chetumal, ya que el desplazamiento de la delincuencia ha abrumado a las instituciones y otros relacionados con el mantenimiento de la seguridad del ciudadano.

En términos políticos, la insensibilidad del Estado de proveer seguridad pública a sus ciudadanos, a través de una policía eficaz e instituciones eficientes, ha resultado en la pérdida de su legitimidad.

Existe la tendencia a ver como debilidad la incompetencia del Gobierno para responder apropiadamente a la delincuencia, mientras que al mismo tiempo el uso constante de la fuerza pública para combatir la violencia (es decir, respondiéndole a la violencia con más violencia) lo coloca bajo una luz de ineficiencia y carencias democráticas. La percepción de que el Estado le ha fallado a la sociedad en sus deberes explícitos se agrava especialmente cuando las instituciones dotadas para proteger y preservar la seguridad pública se convierten en las fuerzas mismas que la minan.

Por otro lado, en nuestro Cancún, el crimen violento, la violencia delincuencial y la violencia juvenil llegan a producir, en algunas regiones, verdaderos espacios urbanos de guerra social cotidiana; áreas de una violencia sin causa ni fin.

Pero además, la expansión de la criminalidad, ha evolucionado de la mano con un creciente desorden público e inseguridad pública y ciudadana podemos señalar diversos casos que son representativos del problema estructural y generalmente histórico, donde la fuerza pública es a la vez el actor principal en la protección de la sociedad, y en la perpetración de la violencia contra esa misma sociedad.

Ese fracaso del Estado en el cumplimiento de su deber público de mantener el orden social ha conducido a un fenómeno creciente y perturbador lo que conlleva: al surgimiento de fuerzas de seguridad privadas, el exceso de seguridad privada genera más inseguridad.

En muchos casos, esa "privatización" de la seguridad ha conducido a políticas locales de seguridad ciudadana desarticulada, incoherente e inconsecuente.

Además, los sectores más pobres de la sociedad son los que más sufren dada su carencia de recursos para proveer su propia seguridad. Cuando el Estado abandona su deber de proteger a los ciudadanos se agrava la ya cruda vulnerabilidad de los pobres, quienes como grupo social constituyen la mayor parte de la población en el estado.

La última dimensión de la delincuencia está relacionada con su crecimiento. Demasiado a menudo el asunto de la corrupción y del delito de alto vuelo se pierde en el debate inmediato sobre el número de homicidios o la tasa de criminalidad.

Sin embargo, tales actos de delincuencia hablan directamente de la fracasada capacidad de las instituciones diseñadas para apoyar el aparato estatal.

Pero sin embargo, es necesario señalar que la presencia de la corrupción y el grado en que resulta endémica en una sociedad amenazan al propio Estado debido a su naturaleza estructural. La incorporación de prácticas corruptas en el comportamiento y las normas sociales a través de las ahora bien conocidas características del clientelismo, el corporativismo, y el patrocinio refleja una construcción social que acoge la criminalidad, o que es por lo menos reticente a combatirla.

Existe una interacción negativa innegable entre la violencia, el capital social, y el desarrollo económico. Como en una reacción en cadena, una escalada en los índices de violencia y crimen, generalmente asociados a condiciones económicas deterioradas destruye el capital social al erosionar la sociedad.

Al mismo tiempo, precisamente, las estructuras sociales son indispensables para enfrentar y frustrar la inseguridad creciente y, más importante, para promover el desarrollo económico de un estado, el cual a la larga romperá uno de los vínculos principales del ciclo de violencia: el económico. Estudios recientes sobre este tópico, así como datos de observación, subrayan las importantes implicaciones de garantizar la seguridad ciudadana para todos los miembros de una sociedad.

Por otro lado, los sentimientos de vulnerabilidad y de carencia de seguridad pública son más bien una percepción que una realidad inmediata, los efectos sobre la sociedad y el Estado son iguales: la desintegración del tejido social de una ciudad o de un país, instituciones debilitadas (específicamente los sistemas judiciales y penales), y pérdida de la legitimidad política de un gobierno, o aún peor, de una nación entera.

Durante la última década ha habido una tendencia innegable al empeoramiento de la inseguridad en el estado. Esto ha sido lo más notable en la "regionalización" del crimen (es decir, el tráfico de drogas, contrabando y de vehículos robados) y en la percepción de los ciudadanos de que este es uno de los principales problemas sociales, sólo sobrepasado por las preocupaciones económicas.